La historia jurídica guatemalteca comenzará hoy un nuevo capítulo histórico, cuando empiece el juicio contra los generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, ambos acusados de los delitos de genocidio durante el tiempo en que el primero ocupó la jefatura de Estado, de 1982 a 1983, luego del golpe que derrocó al también general Romeo Lucas García, en la etapa de regímenes militares.
En este caso es imposible olvidar los factores políticos e ideológicos, y por eso en el banquillo de los acusados se sientan no solo quienes deberán responder a los graves cargos, sino el mismo sistema de justicia del país, que está desde hace tiempo en una crisis de credibilidad a consecuencia de fallos causantes de desprestigio, lo cual se une a la percepción popular de que la impunidad reina en territorio nacional.
Desde el punto de vista que trata de lograr el retorno de algo de la credibilidad del sistema, y en consonancia como se actúa en los países de democracias sólidas y de independencia de poderes, es necesario tener especial cuidado para que las partes en disputa puedan disponer de manera efectiva de los mecanismos que otorgan las leyes. Cualquier abuso o cambio imposible de justificar y entender para el ciudadano común y corriente, le haría daño a la justicia del país, aun en el caso en que el veredicto fuera merecido.
Los juicios que tratan de castigar el abuso de las autoridades, en especial en derechos humanos, están basados en la defensa de la ley. Por eso, cualquier cambio causante de sorpresa o asombro sería contraproducente y mancharía el resultado del proceso, referido a una herida abierta en muchos sectores sociales.
En este caso ha causado sorpresa la decisión de adelantar el juicio, pues había sido programado para agosto, para celebrarlo pocos días antes de Semana Santa —etapa que desvía la atención de los guatemaltecos a las celebraciones religiosas o a las vacaciones— y el hecho de que haya sido confirmado pese a haber algunas acciones legales pendientes de resolución, presentadas por los abogados defensores, ambos figuras controversiales y en ocasiones merecedoras de rechazo como consecuencia directa de su pasado y su presente.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, algunas de ellas participantes directas en las acusaciones, las víctimas de las acciones castrenses durante el conflicto armado interno y quienes rechazan la posición de castigar a los militares deben también estar preparados para la posibilidad de que el fallo sea adverso a sus intereses o a sus convicciones, pero también a que la expresión y publicaciones de opiniones personales en la prensa nacional no deben considerarse una especie de orden para los jueces.
Lo importante es la aplicación de la justicia y lograr un veredicto que agradará a unos y ofenderá a otros. Aceptarlo con dolor y sin escándalos es el primer paso para que Guatemala comience a cerrar la herida de un conflicto largo y sangriento, donde la totalidad de la población puede ser considerada culpable, por acción, por omisión o por desinterés.